Source: United States Senator for New Jersey Bob Menendez
WASHINGTON, D.C. – El Senador Bob Menéndez (D-N.J.) y la Congresista Nydia Velázquez (D-N.Y.-07) publicaron hoy una columna de opinión en El Nuevo Día, titulada Un año de nuestra ley contra los conflictos de intereses en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. En esta columna, destacan como su ley bicameral y bipartidista de Exactitud en la Divulgación de la Recuperación de Puerto Rico (PRRADA, por sus siglas en inglés) cerró con éxito un vacío legal en la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) promulgada en el 2016 que excluía las divulgaciones requeridas por las leyes de bancarrota de EE.UU. y que habían dejado al pueblo de Puerto Rico vulnerable a conflictos de intereses en el proceso de reestructuración de la deuda en curso.
El Senador y la Congresista resaltan cómo su proyecto de ley estipula que las entidades, por ejemplo como McKinsey & Company, deben revelar todo tipo de conflicto de interés mientras asesoran el proceso de reestructuración de la deuda de la isla. También reiteran por qué es fundamental que todos los consultores, asesores y otros profesionales cumplan con PRRADA, y cómo su ley está ayudando a atender una importante discrepancia entre cómo se trata a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico en comparación con los del territorio continental de los Estados Unidos.
Lea la columna de opinión en su totalidad a continuación:
Un año de nuestra ley contra los conflictos de intereses en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico (El Nuevo Día)
En 1891, el famoso abogado y juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Louis Brandeis, escribió: “si se dejara entrar la amplia luz del día sobre las acciones de los hombres, las purificaría como el sol desinfecta.” Hoy, este principio de exigir una mayor transparencia en el ámbito público sigue igual de vigente y fue la razón que motivó la aprobación de la Ley de Exactitud en la Divulgación de la Recuperación de Puerto Rico (PRRADA, por sus siglas en inglés). Promulgada hace un año, el 20 de enero de 2022, PRRADA cerró un evidente vacío legal en la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) que fue adoptada en el 2016 para atender la crisis de deuda en Puerto Rico.
PRRADA establece un requerimiento que obliga a los consultores, asesores y otros profesionales que trabajan en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico a divulgar sus conflictos de intereses como nunca antes. Antes de la aprobación de PRRADA, esta información crítica no era pública. Es decir, que para los puertorriqueños que enfrentan recortes a sus fondos de salud, educación y pensiones, significa que las decisiones financieras que afectan sus vidas y las de sus familias en efecto podían ser tomadas por aquellos que tenían intereses financieros de por medio.
Escribimos la ley de PRRADA siguiendo el modelo de los requisitos de divulgación que ya existen en el Código de Quiebras de los Estados Unidos. Uno de los pilares de las leyes de quiebra es que los acreedores, deudores y el público en general puedan confiar en la imparcialidad de la resolución de estos casos. Es por ello que la ley exige que entidades externas estén legalmente restringidos de tener conflictos de intereses. Sin embargo, en el 2016, cuando el Congreso estableció un sistema similar al proceso de bancarrota para reestructurar la deuda de Puerto Rico bajo PROMESA, no incluyó estos requisitos de divulgación, permitiendo que asesores de quiebra y otros profesionales pudieran beneficiarse de los planes de reestructuración que estaban ayudando a negociar e implementar.
PRRADA le puso fin al vacío jurídico. Ahora, cualquier asesor o entidades que trabaje en la reestructuración de la deuda de la isla deberán presentar documentos demostrando que no tienen conflictos de intereses en juego. Para recibir compensación por sus servicios, estas entidades también deben divulgar la información a la Corte Federal del Distrito y a la Oficina del Síndico de Quiebras del Departamento de Justicia federal.
En diciembre del año pasado, la Oficina del Síndico de Quiebras federal publicó un informe de las divulgaciones recibidas hasta aquel entonces. Apenas tiene ocho páginas, pero finalmente les provee a los puertorriqueños la información que merecen. Por ejemplo, el informe revela los obstáculos que ha enfrentado en tratar de obtener información de McKinsey and Co. – el titán de consultoría al que se le han adjudicado más de 100 millones de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico y la Junta.
PRRADA surgió a raíz de varios reportajes de prensa que sacaron a la luz cómo McKinsey tenía un brazo operacional que asesoraba a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, mientras que otras ramas de sus operaciones tenían inversiones en la deuda de la isla. En específico, su fondo de inversión, MIO Partners, poseía bonos puertorriqueños, valorados en millones de dólares, mientras que al mismo tiempo sus consultores ayudaban a determinar cuánto pagarían esos bonos a los acreedores.
Hace poco más de un año, MIO Partners pagó una multa de 18 millones de dólares para concluir una investigación financiera federal sobre su uso de información privilegiada, algo que la Oficina del Síndico de Quiebras federal ha citado al presentar su preocupación por los conflictos de intereses de McKinsey en Puerto Rico. Esto se suma a los informes de que la consultora global ayudó a privatizar la red de energía pública de Puerto Rico, adjudicando un contrato lucrativo a LUMA Energy – una compañía parcialmente propiedad de un cliente de McKinsey y que sigue dejando a los residentes y empresas puertorriqueñas sin el preciado servicio eléctrico por el que fueron contratados.
McKinsey puede ser una de las entidades más destacadas identificadas por la Oficina del Síndico de Quiebras, pero no es la única entidad que potencialmente ha fallado en cumplir con los requisitos de divulgación de PRRADA. Esperamos que el Departamento de Justicia y la Oficina del Síndico de Quiebras puedan seguir implementando nuestra ley para asegurar que todas las entidades cumplan con los requisitos y rindan cuentas por sus acciones. Le debemos a estos servidores públicos nuestro profundo agradecimiento por su trabajo para proteger la integridad de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
Mientras celebramos el primer aniversario de la promulgación de PRAADA, nuestro objetivo final sigue siendo el mismo: la divulgación de cada posible conflicto de interés que ponga en peligro el proceso de reestructuración de la deuda para los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico. Y dejemos claro que, aunque PRRADA fue un paso importante para atender una de las muchas desigualdades a las que se enfrentan los puertorriqueños, nuestro trabajo continúa hasta que logremos acabar con otras discrepancias en el trato del gobierno federal hacia la isla. No descansaremos hasta que finalmente los puertorriqueños disfruten de la transparencia y la justicia que merecen por parte de sus autoridades locales y federales.
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